Reforma Constitucional: La Defensoría del Pueblo se sumó al debate
El Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, participó de la jornada “La Defensoría del Pueblo en la Reforma Constitucional: derechos ciudadanos y métodos de pacificación” que se desarrolló en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Fe.
“Queremos sumarnos a un debate que se está dando en la provincia de Santa Fe incorporando dentro de los puntos a reformar el dar carácter constitucional a la Defensoría del Pueblo”, expresó Lamberto como introducción de su ponencia, en un panel que contó con la participación de destacados profesionales nacionales e internacionales como Carlos Constenla, Alejandro Nató, Marta Paillet y María Soledad Manin.
“Toda constitución o reforma obedece a algún valor, por ejemplo la Ley Saenz Peña tuvo como valor terminar con el fraude electoral, la Ley del voto femenino tuvo como valor terminar con el aislamiento político de la población femenina y en la constitución de 1994 encontramos el valor en la incorporación de los tratados internacionales”, repasó Lamberto, al tiempo que agregó: “Para que esta reforma esté a la altura de los tiempos que hoy atraviesa Santa Fe, tiene que encontrar su valor en los derechos. Hoy se debaten derechos de tercera generación, cuarta generación y hasta de quinta, y no basta solo con enumerar derechos sino que hay que establecer garantías. Esto es quizás lo que más necesitan hoy las constituciones: establecer garantías para garantizar esos derechos”.
“En el mundo existen entre 600 a 800 defensores del Pueblo u ombudsmann, no hay otra figura que tenga el alcance internacional que tiene esa figura”, detalló el Defensor provincial, y remarcó: “Por eso la Organización de la Naciones Unidas (ONU) estableció que fueran los defensores del pueblo los que hagan el seguimiento de las políticas públicas fijadas en la Agenda 2030, en términos cuantitativos y cualitativos”.
Por último, y en este mismo sentido, Lamberto consideró fundamental que la institución cuente con autonomía funcional y política, y autarquía presupuestaria. En cuanto a las competencias propuso “quitarles todo corsé que la limite” y en referencia los objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ONU hizo hincapié en la cantidad de derechos, aspiraciones de las sociedades y garantías, y reflexionó: “De allí la necesidad de que se pueda tener la máxima flexibilidad”.
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