La ONU alertó sobre la inseguridad alimentaria en Argentina
Luego de 10 días de visitas por diferentes puntos del país y reuniones con un variado abanico de sectores de la sociedad, Hilal Elver, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, elevó un duro informe sobre la situación socioeconómica del país donde alertó de que “en la Argentina casi cuatro millones de personas enfrentan una seria inseguridad alimentaria”.
“El modelo de desarrollo agrícola del país que se basa en una producción comercial intensiva orientada a la exportación, siendo la soja y el maíz transgénicos sus principales productos, no es beneficioso para el derecho a la alimentación en la Argentina”, destacó Elver en su documento de más de 70 páginas.
El mensaje de la relatora de la ONU sobre la seguridad alimentaria en la Argentina llega justo tres días antes de que el presidente Mauricio Macri visite las Naciones Unidas para participar allí de la Asamblea Anual de la ONU donde tiene previstos encuentros con otros líderes políticos de diferentes países.
La relatora especial de la ONU comentó además en conferencia de prensa que “los programas alimentarios del Gobierno no se ajustaron en función de la devaluación del peso”, planteó que deberán reforzarse en su presupuesto en el futuro inmediato y remarcó que los comedores escolares distribuidos a lo largo del país “solo deberían servir en situaciones de emergencia ya que no constituyen una verdadera solución”.
Si bien Elver resaltó que durante sus reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, la secretaria de Salud y la secretaria de Agroindustria encontró una buena recepción y predisposición, también señaló que “la Argentina debería atender la brecha que existe entre la producción interna y el mercado de comodities donde queda desprotegido un amplio sector de la sociedad”.
En el informe -que será elevado al alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU- Elver cuestionó también la decisión del Gobierno de “aprovechar la crisis actual para desmantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar mediante el despido de 500 trabajadores y expertos del Ministerio de Agroindustria”.
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